En la primera vista pública que realizó la Comisión Bicameral que estudia el proyecto de ley Orgánica de la Policía Nacional, expositores plantearon temas como salarios dignos, que los agentes policiales voten en las elecciones generales y se puedan inscribir en los partidos políticos.
El presidente de la Comisión, el senador Julio César Valentín que las vistas públicas continuarán el próximo jueves 27 a las 10:00 de la mañana, en el auditorio de la Cámara de Comercio y Producción, en Santiago, y luego el 4 de julio en Barahona y el 11 de ese mes en La Romana.
Otros de los temas expuesto por representantes de la sociedad civil, personalidades y oficiales retirados de la Policía, es que se establezca en la ley que los policías sólo trabajen ocho horas diario.
Dijeron que en los países de la región, incluyendo Haití, los agentes reciben como salario mínimo 500 dólares mensuales, mientras que los policías de República Dominicana a se le paga 135 dólares.
Otra recomendación que esperan se contemple en la ley,
“Los policías deben tener el derecho a votar en las elecciones generales e inscribirse en los partidos políticos, que puedan elegir al presidente de la República, senadores, diputados, alcaldes y regidores, y se le conceda el derecho asociarse dentro de la institución”, expuso un oficial retirado de la institución del orden.
Además piden que se excluya al Procurador General de la República del Consejo Superior Policial, por entender que este es el jefe del Ministerio Público y el director funcional de las investigaciones, mientras que la Policía es la encargada de las investigaciones técnicas.
El representante de la Comisión Nacional de los Derechos, doctor Cándido Simó, estimó que “esto no se trata de una reforma de la Policía, sino un proyecto para transformar la función policial para que transite del Estado de derecho, en que la ley es el marco de referencia exclusivo hacia el estado social de derecho constitucional”.
Abogó porque a los agentes policiales como seres humanos se les otorguen derechos como entes sociales.
“La vocación es crear una Policía visible, eficaz y que garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos. El proyecto se centra en la función del Policía, pero no tiene un catálogo sobre sus derechos”, anotó.
Consideró la legislación como discriminatoria porque solo se refiere a al policía hombre, como el que establece que el presidente de la República elegirá al director de la Policía, como si en sus filas no existieran mujeres.
Dijo que cuando un policía es sometido a la justicia ordinaria por un hecho, no debe ser cancelado, y el agente debe tener el derecho de asignar a un abogado, porque muchos no tienen como pagar un profesional del derecho.
Simó planteó “un ingreso y salida de labor, porque hay policía que trabajan tres días corridos, y eso no es digno, además de que deben recibir un salario digno por sus rangos y funciones”.
El doctor Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), precisó que el proyecto de ley Orgánica de la Policía representa un paso de avance en el fortalecimiento de esa institución y crea un marco normativo que permitirá que la institución sea uno de los pilares de la Seguridad Ciudadana que tanto el país requiere para impulsar su desarrollo económico y social, así como apuntalar las bases del Estado de Derecho.
Iris Nova, del Ministerio de la Mujer, considera que la Policía Nacional tiene que jugar un papel esencial en la protección de los derechos humanos y en asegurar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Otro de los puntos expuestos en la vista pública fue los salarios que reciben los policías y el tiempo para su retiro o pensión.
Expusieron también representantes de Participación Ciudadana, Universidad Católica, Jóvenes contra la Violencia, Alianza Pro Seguridad, Instituto de Generales Retirados de la PN, Centro Juan 23, Fundación Abalón, entre otros.
El juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Frank Soto, consideró que no se deben crear comisiones civiles independientes para investigar denuncias graves de ciudadanos, ya que existen en el país suficientes instituciones y para eso citó la Defensoría del Pueblo.
Observó que se debe consignar en la ley que la Policía lleve un registro de todos los vehículos del país, información que dijo se la puede suministrar otra dependencia del Estado.
Pedro Figueroa, del Centro Juan XXIII, expresó que se ve ausente la autarquía policial, y adujo que se comete un aspecto graves para el funcionamiento de la institucionalidad, porque la Policía se proyectó como una institución al margen de las demás instituciones del Estado.
Arguyó que el actual proyecto consagra la militarización policial, lo que dijo obedece a la falta de una doctrina de seguridad clara concebida de la óptica civil y a la prioridad del objetivo del control policial. “Esa ambigüedad es fruto a la falta de orgullo que existe en el país al considerar a esa institución como civil”.
Dijo que en el proyecto está ausente la profesionalidad, por entender que la Policía no puede seguir en la senda de la politización, amiguismo, la libre designación, fulanismo y el desprecio a la independencia y profesionalidad.
El ex jefe de la Policía, Ramón García Arias, consideró que no sólo los policías, sino también los militares tienen derecho a ejercer el derecho voto.
Adujo que los fondos de los retirados deben ser administrados por los Policías que son los que los aportan.
El ex jefe policial significó que no está de acuerdo con el nuevo modelo de pensión, ya que cuando un oficial o agente es retirado solo cobra una parte del salario.
“El oficial tiene que esperar a tener 60 años para disfrutar de una pensión, por eso les pido a los legisladores eliminar los párrafos uno, dos y tres del artículo 123 del proyecto”, apuntó García Arias.
Álvaro Camaaño, del Movimiento “Estoy Jarto”, ve la propuesta positiva, pero lamentó que no se corresponda con la voluntad del pueblo, porque la ciudadanía quieres una nueva Policía.
Entiende que llamar director al titular de la Policía Nacional no va a cambiar las cosas en esa institución, agregando que desde hace décadas se dice que la Policía es un cuerpo civil armado, “sin embargo sigue cumpliendo con los parámetros de que no pueden votar ni opinar de políticas”.
Consideró que con el salario que gana un Policía no se vive en el país, pues cuando un ser humano se le da 6 mil pesos, una placa y un arma de fuego, se le está diciendo “vete buscártela o en otra palabra a macutear”.
La vista pública se celebró en el Salón de la Asamblea Nacional, la cual presidió el senador de Santiago, Julio César Valentín, quien agradeció a los participantes su participación, y prometió que sus consideraciones serán evaluadas por la Comisión Bicameral la cual determinará las que deberán ser incorporadas al proyecto en discusión.
El legislador del PLD por Santiago indicó que van a continuar escuchando la diversidad de criterios como parte de la democracia para dotar al país de una ley útil a la ciudadanía, incorporándola al Plan de Seguridad Ciudadana.
En la vistas publicas expusieron además, Participación Ciudadana, Universidad Católica, Jóvenes contra la Violencia, Alianza Pro Seguridad, Instituto de Generales Retirados de la Policía Nacional, Centro Juan 23, Fundación Abalón, Alianza Pro-Seguridad, G-3, entre otros.
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